Muchas de estas instalaciones, a pesar de haber sido realizadas por empresas instaladoras autorizadas, no contarían con el visto bueno de Iberdrola ni de la Consejería de Industria.

Por ello se han iniciado procedimientos contra estas empresas instaladoras, para retirarles la licencia de instaladores eléctricos autorizados y para que devuelvan a Iberdrola las cantidades supuestamente defraudadas, que podrían superar en el caso de una empresa los 8.000 Euros en el plazo de un año.

Algunos de estas instalaciones supuestamente no autorizadas, habrían sido detectadas al quejarse el usuario final a Iberdrola sobre de un consume excesivo de energía eléctrica, y al investigarse el exceso de consumo, Iberdrola se encontraba con instalaciones eléctricas, según ellos ilegales, que estaban diseñadas para "esquivar los contadores oficiales" y con problemas de seguridad.

A raíz de detectarse estas instalaciones eléctricas en La Aljorra, Iberdrola ha iniciado una batida general tendente a detectar este tipo de fraude.

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